Río Negro trabaja para cumplir el cupo trans en la administración pública

Al respecto, Laura Azanza, presidenta del Consejo de la Mujer, expresó que “la decisión de este Gobierno sigue siendo acompañar a cada comunidad con políticas públicas concretas, que no sólo queden en el escrito de un papel, sino que sean de real aplicación y ejecución. Desde el área de Diversidad, recientemente creada dentro del Ministerio de Desarrollo Social, hemos mantenido reuniones con referentes de distintas organizaciones sociales y estamos trabajando ya con acciones concretas respecto a la asistencia de personas trans”.

La funcionaria participó de una reunión junto a la secretaria de la Función Pública, Isabel Tipping y los legisladores Alejandro Palmieri; Facundo López y Graciela Valdebenito, para trabajar en los avances de la Ley de Cupo, “por la que tan legítimamente están luchando las organizaciones del colectivo LGBT; para que sea de aplicación real, y no un simple compromiso", sostuvo.

Asimismo, se trabajó sobre la propuesta que presentó el Consejo de la Mujer, sugiriendo una comisión de seguimiento del efectivo cumplimiento de la norma. La misma estará compuesta por legisladores de los diferentes sectores, un varón trans, una mujer trans, representantes del Consejo, de la Secretaría de Derechos Humanos y de los sindicatos.

“Resulta imperiosa esta herramienta, ya que si bien nuestras leyes son de avanzada, falta aún un cambio cultural y estructural para modificar ciertos patrones de discriminación. Por eso consideramos que la ley será un antes y un después en la vida de muchas personas que no han podido acceder al empleo formal. Planteamos la necesidad de que exista un mecanismo de actualización, para que el cupo no sea una única oportunidad, que sea renovado con el transcurso del tiempo, y que el registro sea responsabilidad de nuestro organismo, con una base de datos provincial", indicó Azanza.

Estos avances se traducirán en un nuevo texto normativo que se irá nutriendo con diferentes aportes y sugerencias, impulsado por el Ejecutivo y los legisladores, con la participación de las organizaciones civiles.