Seguridad Jurídica en el tráfico inmobiliario

El director general del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI), Nicolás Yanssen, disertó en la I Reunión 2017 de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Agrimensores (FADA) sobre seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario.

La jornada se realizó en la Sala de Reuniones del Ministerio de Economía en Viedma y contó con la presencia de representantes del sector de la agrimensura de 20 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Yanssen informó que “la exposición trató sobre la necesidad de la actividad profesional de los agrimensores para garantizar la eficiencia en la publicidad registral”.

El funcionario, cuya área depende del Ministerio de Gobierno,  presentó en detalle a la Junta de Gobierno de la FADA el proyecto de Código de Tierras Fiscales impulsado por el Gobierno Provincial.

Explicó los fundamentos y las características de la nueva normativa, destacando que “su correcta aplicación optimizará la seguridad jurídica en la tenencia de la inmensa cantidad de hectáreas de tierras fiscales rurales y urbanas a ser regularizadas en toda la Provincia”.

El presidente de la FADA, Carlos Diez, manifestó su beneplácito al proyecto y se comprometió a apoyar institucionalmente la iniciativa legislativa.

Hay que recordar que el nuevo Código de Tierras, que se está debatiendo en la Legislatura, reemplaza un marco normativo con leyes dispersas y vetustas, ya que la ley del sector rural tiene 55 años de vigencia y la del sector urbano más de 30.

Ahora se busca un nuevo paradigma, no ir hacia la ocupación de la tierra, sino hacia el afianzamiento productivo, mejorar aquellas que estén en producción, incorporando nuevos rubros y poner en actividad tierras ociosas.

Entre otras novedades, no se admitirán excepciones al régimen, limitándose la discrecionalidad de los funcionarios que intervienen, siendo necesaria una ley especial para cualquier caso que escape a las previsiones contempladas.

Con la iniciativa se reforma el sistema de tasación en diversos aspectos; el precio de la tierra no será fijado por el funcionario a cargo de la Dirección de Tierras sino que surgirá de un trabajo interdisciplinario en el que converjan actores públicos y estatales.

Asimismo, se discrimina el valor de venta según condiciones subjetivas y objetivas, incorporando el concepto de precio de mercado a abonar en determinados casos.

Entre otros ejes, se realza la protección del ambiente, castigando a quien no cumpla con las directivas emanadas de la correspondiente autoridad de aplicación.